La Corte Suprema quedó en condiciones de definir la disputa entre el Gobierno y las universidades
.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de creciente tensión por el ajuste presupuestario impulsado por la administración de Javier Milei.
El expediente ya atravesó las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal, que deberá decidir si acepta o rechaza el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo nacional. La causa se transformó en uno de los principales focos de conflicto entre la Casa Rosada y el sistema universitario argentino.
La controversia se centra en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que obliga al Estado nacional a actualizar las partidas destinadas a las universidades públicas, recomponer salarios docentes y no docentes, y garantizar recursos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en primera y segunda instancia, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema al considerar que la aplicación de algunos artículos podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para las cuentas públicas y afectar el equilibrio fiscal.
Ahora, la Corte podrá rechazar el planteo oficial sin analizar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. En caso de desestimar el recurso del Gobierno, quedará firme la resolución que obliga al Ejecutivo a transferir los fondos reclamados por las universidades nacionales.
Marcha universitaria y reclamos
La situación judicial coincide con una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria realizada esta semana en distintos puntos del país. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley.
Desde las universidades advierten sobre una fuerte caída de las transferencias nacionales y alertan por el impacto directo sobre:
- salarios,
- funcionamiento académico,
- investigación,
- infraestructura,
- hospitales escuela.
En un documento difundido durante la movilización, las organizaciones universitarias solicitaron a la Corte Suprema que “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.
El texto, firmado por el CIN y respaldado por gremios docentes, calificó como “crítica” la situación financiera del sistema universitario nacional y sostuvo que el Ejecutivo incumple una “regla democrática y constitucional básica”, al no aplicar la normativa aprobada por el Congreso.
Salarios y pérdida del poder adquisitivo
Otro de los puntos centrales del conflicto es la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios. Según denunciaron las universidades, desde 2024 el Gobierno cerró las paritarias nacionales, provocando un fuerte deterioro del poder adquisitivo.
De acuerdo con los datos difundidos por las organizaciones universitarias:
- la inflación acumuló un 293,3% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026,
- mientras que los salarios universitarios aumentaron un 147,3%.
Esto representa, según señalaron, una pérdida salarial cercana al 37%.
Además, denunciaron:
- renuncias de profesionales formados,
- reducción de dedicaciones,
- pluriempleo,
- crisis en las obras sociales universitarias.
“La universidad pública atraviesa una situación límite”, advirtieron desde el sector educativo, mientras la Corte Suprema se prepara para tomar una decisión que podría resultar clave para el futuro del financiamiento universitario en la Argentina.
