
“La selva misionera no es un gasto”: Arrúa cuestionó el recorte nacional en Parques
El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, criticó la reducción de fondos nacionales para la Administración de Parques Nacionales. Advirtió que la medida afecta la conservación ambiental, el turismo y miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad
El Gobierno nacional oficializó nuevos recortes presupuestarios a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y Misiones volvió a quedar entre las provincias más afectadas. La medida impacta sobre programas de conservación ambiental, infraestructura vial, producción agroindustrial, ciencia y financiamiento provincial. En ese contexto, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, cuestionó con dureza la reducción de partidas destinadas a la Administración de Parques Nacionales.
“Esto no es ajuste. Es desproteger lo que es de todos. Es recortar en conservación, en guardaparques, en el cuidado de nuestra biodiversidad”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

José María Arrúa, ministro de Turismo.
La reducción total para programas de conservación y funcionamiento de Parques Nacionales supera los $2.557 millones y afecta a 46 parques, reservas y monumentos naturales de todo el país. En Misiones, el golpe alcanza directamente al Parque Nacional Iguazú y a la Reserva Federal Campo San Juan.
Según las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el Parque Nacional Iguazú perderá $41.715.920, mientras que Campo San Juan sufrirá una baja de $12.123.088. Los fondos estaban destinados al funcionamiento operativo, mantenimiento, infraestructura ecoturística, prevención y combate del fuego, además de tareas de preservación ambiental.
Para Arrúa, el impacto excede lo ambiental y golpea de lleno a una de las principales actividades económicas de la provincia. “También es atentar contra el turismo, que da bienestar a miles de familias. La selva misionera no es un gasto”, sostuvo el ministro.
La advertencia cobra especial relevancia en una provincia donde el turismo se consolidó como uno de los motores económicos centrales, impulsado principalmente por el movimiento que genera el Parque Nacional Iguazú. La disminución de recursos destinados a conservación, mantenimiento e infraestructura turística amenaza no solo la preservación ambiental, sino también la competitividad del destino.
El impacto sobre rutas y producción
El ajuste nacional también alcanzó al sistema vial. El Distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió un recorte de $940,5 millones en mantenimiento de rutas y otros $263,5 millones en reparación de obras de arte.
En una provincia con fuerte dependencia del transporte terrestre, el deterioro de la infraestructura vial representa un problema estructural para sectores estratégicos como la yerba mate, la forestoindustria, el té y el comercio fronterizo.
Cada kilómetro de ruta deteriorada implica mayores costos logísticos, más tiempo de traslado y menor competitividad para las economías regionales. A esto se suma la reducción de partidas para infraestructura hídrica dentro del programa de Apoyo para la Expansión de Agua y Saneamiento. La medida afecta la previsibilidad del abastecimiento en zonas urbanas e industriales en crecimiento.
En paralelo, el Gobierno nacional también avanzó con una quita superior a los $5.100 millones en programas vinculados al aumento de la productividad agroindustrial y la gestión del riesgo agropecuario.
La reducción impacta sobre herramientas que funcionan como respaldo para productores ante contingencias climáticas y crisis sectoriales. En Misiones, donde las economías regionales tienen un peso determinante, la preocupación crece por la menor asistencia y cobertura frente al riesgo.
Ciencia, tecnología y presión sobre las provincias
Otro de los sectores afectados fue la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que registró una baja superior a los $11.800 millones en programas de formulación y ejecución de políticas públicas.
El recorte compromete transferencias destinadas a actividades científicas, académicas y proyectos de innovación aplicada, un eje que Misiones venía fortaleciendo como parte de su estrategia de diversificación productiva.
A esto se suma la reducción de $322.447 millones en transferencias para financiar gastos corrientes de las provincias. La medida incrementa la presión fiscal sobre las administraciones provinciales, especialmente en regiones del NEA, donde persisten fuertes asimetrías estructurales y dependencia de políticas compensatorias nacionales.