Misiones se prepara para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil: buscan dar una respuesta integral a más de 1.400 adolescentes por año
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El Poder Judicial reunió a los tres poderes del Estado y a organismos provinciales para comenzar a diseñar la implementación de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años y redefine el abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Misiones comenzó a delinear una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas en materia de niñez, adolescencia y justicia. Con la participación de autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se puso en marcha una mesa interinstitucional destinada a planificar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N° 27.801.
La reunión se realizó este miércoles en el Palacio de Justicia y marcó el inicio de un proceso de adecuación institucional que demandará la articulación de múltiples organismos para responder a una problemática que cada año involucra a alrededor de 1.400 adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal en la provincia.
Más allá de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, las autoridades coincidieron en que el principal desafío será construir un sistema capaz de ofrecer respuestas rápidas, coordinadas y orientadas a la reintegración social.
Un cambio histórico en la justicia juvenil
Durante la apertura del encuentro, el ministro del Superior Tribunal de Justicia y enlace con el fuero penal, Juan Manuel Díaz, sostuvo que la nueva normativa representa mucho más que una modificación legal.
«Lo que tiene de más severo y de más estricto es también lo que tiene de oportunidad», afirmó.
El magistrado explicó que si bien la ley establece la responsabilidad penal desde los 14 años, también incorpora mecanismos que buscan evitar que los adolescentes queden fuera de toda respuesta institucional.
«Hay todo un universo de jóvenes que hasta ahora no estaban alcanzados por ninguna respuesta del Estado. Lo que se procura es unificar esa respuesta y generar herramientas que permitan intervenir antes y mejor», señaló.
La implementación del nuevo régimen implica abandonar definitivamente el viejo modelo tutelar para avanzar hacia un sistema acusatorio y garantista, basado en principios como el respeto de los derechos, la defensa desde el inicio del proceso, la excepcionalidad de la privación de libertad y la búsqueda de soluciones restaurativas.
La preocupación por el futuro de los jóvenes
Uno de los ejes que atravesó la jornada fue la necesidad de trabajar sobre las causas que llevan a niños y adolescentes a ingresar en circuitos de conflictividad penal.
La ministra del STJ Cristina Irene Leiva destacó el carácter transversal de la problemática y valoró la participación de organismos de distintos sectores.
«Estos menores son quienes después van a construir nuestro futuro. Tenemos la oportunidad de corregir, de actuar y de hacernos cargo de una realidad que nos involucra a todos», expresó.
En la misma línea, la ministra Valeria Fiore Cáceres consideró que la provincia enfrenta una de las reformas más significativas en materia de niñez y adolescencia de los últimos años.
«El mayor acto de responsabilidad es que estemos todos sentados dialogando antes de la implementación. Necesitamos coordinarnos, evitar superposiciones y actuar con la inmediatez que requieren los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal», sostuvo.
Educación, salud y reintegración: las claves del nuevo modelo
La jornada no se limitó al análisis jurídico de la ley. Tras el acto de apertura, los participantes se dividieron en mesas de trabajo enfocadas en cinco áreas consideradas fundamentales para la aplicación efectiva del nuevo régimen:
- Prevención.
- Alojamiento.
- Salud integral.
- Educación.
- Reintegración social.
El objetivo es elaborar un protocolo de actuación conjunto que permita coordinar la intervención de la Justicia con organismos vinculados a educación, salud, desarrollo social, seguridad, derechos humanos y prevención de adicciones.
Participaron del encuentro funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, representantes de la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, SipTed, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Deportes y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros organismos.
El desafío: transformar sanciones en oportunidades
Uno de los conceptos que más se repitió durante la jornada fue la necesidad de que el nuevo sistema no se limite a castigar conductas, sino que genere oportunidades concretas de reinserción.
«Se trata de anticipar respuestas, muchas veces restaurativas y de mediación penal juvenil, para que ese niño o adolescente tenga una nueva oportunidad», remarcó Díaz al cierre del encuentro.
La implementación de la nueva ley abrirá un proceso complejo para Misiones, que deberá adaptar estructuras, recursos y protocolos para dar respuesta a una demanda creciente. El desafío será lograr que la reforma no quede solamente en un cambio normativo, sino que se traduzca en herramientas efectivas para prevenir la reincidencia, proteger derechos y construir mejores oportunidades para miles de jóvenes misioneros.
