Misiones implementa un régimen de asistencia para trabajadores públicos sobre endeudados y fijaron topes a los costos financieros

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A partir de la difícil coyuntura que están atravesando muchas familias argentinas, en donde el último reporte del Banco Central (BCRA) señala un indicador de mora superior al 12%, y que también tiene sus causas, entre otras, en las elevadísimas tasas de interés que vivió la economía argentina entre julio y noviembre del año pasado, detallamos las medidas adoptadas en las últimas semanas por el Gobierno de Misiones para resguardar a las familias de los trabajadores públicos provinciales y jubilados, pensionados y retirados del IPS que presenten situaciones de sobreendeudamiento.

La primera medida adoptada en el mes de julio consistió en establecer un tope del 39% de los haberes netos para los códigos de descuento que operan a través del Código Único de Descuento en los haberes (CUAD). Este límite se aplican a los créditos nuevos que se hayan otorgado a partir de la medida y también fue acompañado por un proceso de refinanciación de deudas y asistencia financiera a este grupo de personas que se encontraran por fuera de ese tope. Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios.

También el Banco Macro, a pesar de que no existe una normativa del BCRA en ese sentido, implementaron mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Finalmente, a partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. El objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Por último, es importante remarcar que vienen trabajando sobre esta situación desde hace más de 60 días, analizando cada caso de manera particular, ya que no se podía aplicar un tope de oficio en los descuentos de las cuotas, porque en ese caso los agentes públicos quedarían con mora en las cuotas de los créditos informados en el Banco Central y con el perjuicio que eso les ocasionaría en el presente y en el futuro por exponerse como deudores en mora.

Desde el Gobierno provincial también tienen conocimiento sobre los proyectos de ley que están siendo impulsados en la Legislatura provincial vinculados a este tema. Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente.

Hacia el futuro próximo, queda en la agenda de temas pendientes generar las herramientas que permitan reducir aún más los topes de los créditos con código de descuento. Se trata de una medida que podría implementarse y comunicarse en el mes de septiembre.