Discapacidad y universidades, sin partidas en el Presupuesto nacional 2026
El Presupuesto 2026 del Gobierno nacional no contempla fondos para leyes ya sancionadas. El aumento del gasto aprobado quedó sin partidas específicas.
El Presupuesto nacional 2026 comenzó a ejecutarse sin contemplar las partidas necesarias para financiar leyes clave, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Así lo advirtió un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), que señaló que los créditos asignados mantienen la estructura original enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Según el análisis, el Congreso aprobó durante el tratamiento legislativo un incremento del gasto equivalente al 0,56% del PBI, pero no realizó las modificaciones necesarias dentro del texto presupuestario. De este modo, la ley fue sancionada con las partidas originales, sin asignación específica para los nuevos compromisos asumidos.
Desde ASAP aclararon que esta situación no responde a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino a una omisión del Congreso. El informe advierte que el financiamiento de estas políticas podría quedar sujeto a futuras adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio, en un contexto en el que el Presupuesto establece como objetivo un resultado financiero equilibrado o superavitario.
El escenario se complejiza si se tiene en cuenta que el proyecto original del PEN incluía la derogación de ambas leyes, un punto que finalmente fue eliminado por el Congreso. Aun así, el Gobierno continúa cuestionando la constitucionalidad de estas normas, argumentando que establecen gastos sin definir sus fuentes de financiamiento, postura que ya motivó fallos judiciales en materia de discapacidad.
En paralelo, el informe señala que el Presupuesto 2026 prevé una caída real de los ingresos y un recorte del gasto no indexado, mientras el Ejecutivo impulsa reducciones impositivas para las empresas en el marco de la reforma laboral. En ese contexto, la falta de partidas para áreas sensibles como discapacidad y universidades vuelve a encender el debate sobre las prioridades del gasto público y la viabilidad del equilibrio fiscal planteado por el Gobierno.
